Con más de 1.800 niños migrantes entregados a sus padres, un juez estadounidense dio ayer por “completado” el proceso de reunificación que ordenó al gobierno del presidente Donald Trump y puso su atención en encontrar a los 400 padres deportados sin sus hijos.
Dana Sabraw, de una corte federal de San Diego, indicó que el gobierno “merece un gran reconocimiento” por cumplir la orden antes del plazo que terminó el jueves.
“El gobierno solo puede reunificar familias bajo su control”, resaltó.
Sin embargo, insistió en que el “foco ahora son los padres deportados sin sus niños” y que se diseñe un “protocolo” para que no se repitan estas polémicas separaciones que comenzaron en mayo, como parte de la política de “cero tolerancia” impulsada por Trump.
“Estamos contentos con el resultado, en el sentido que hay familias que están de nuevo juntas”, dijo Lee Gelernt, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que representa a la parte acusadora.
“Pero seguiremos luchando para que todas las familias sean reunidas, el gobierno no ha arreglado el desastre que causaron aún”.
Stewart informó al tribunal que había 1.000 familias con órdenes de deportación “ejecutables”, de las cuales 400 estaban bajo custodia y serían las primeras en ser expulsadas.
Muchas otros habían sido puestas en libertad en el momento de la reunificación, agregó, pero estarán sujetas a deportación tan pronto como Sabraw levante una prohibición de deportación que impuso recientemente.
Por otro lado, ACLU pidió al juez que fijara un plazo para que el Ejecutivo entregue más información sobre los padres deportados sin sus hijos.
“Hemos hecho lo mejor que hemos podido, les hemos entregado una tremenda cantidad de información”, señaló Stewart, asegurando que entregaron un cuadro con datos como fecha de deportación, país de destino y fecha de arresto.
Pero Gelernt, que cuenta con ONGs en el terreno para buscarlos, pidió acceso a los llamados A-Files, que contienen información detallada de cada inmigrante que entra a EE.UU. Stewart se opuso.
El juez debe pronunciarse también sobre el plazo de siete días desde la reunificación pedido por ACLU, para que las familias puedan decidir: si luchan por el asilo, si el adulto sale y el niño se queda, o si ambos aceptan ser deportados.